Sánchez estrenará la Presidencia española del Consejo Europeo con un pulso por la reforma eléctrica

El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, estrenará la presidencia española del Consejo Europeo con un importante pulso por la reforma del mercado eléctrico. La propuesta española, liderada por la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera ha conseguido un consenso pocas veces visto. En Europa existe una oposición unánime a todo lo que suponga intervenir el mercado, clave de la propuesta española que pretende crear fórmulas que aseguren una limitación de tarifas ‘por arriba’. La oposición es unánime: desde las empresas del sector, a los grupos políticos del Parlamento Europeo, salvo el socialista y donde llaman poderosamente la atención las críticas al proyecto vertidas por los Verdes alemanes. Incluso la Comisión Europea que preside Ursula von der Leyen, tiene en marcha una reforma del mercado eléctrico que se orienta en dirección diametralmente opuesta a la española.

Asociaciones empresariales, consultoras especializadas, otros países europeos y europarlamentarios de todo tipo ven a las renovables y al consumidor europeo como los más perjudicados por una intervención del mercado eléctrico según el modelo de modelo que propone la ministra Teresa Ribera y que defiende en el Parlamento Europeo el socialista Nicolás González Casares.

El modelo, solo secundado por el francés Emmanuel Macron, quiere poner fin a los precios marginalistas y a la unidad de mercado actuales en toda la UE, en favor de la intervención de los precios y un modelo de comprador único con precios regulados obligatorios para todas las instalaciones.

Intentar convencer al extenso número de países miembros de la UE que se oponen a esta línea de reforma será una complicada tarea diplomática para el Ejecutivo de Sánchez.  El grupo liderado por Alemania que incluye a Dinamarca, Países Bajos, Finlandia, Luxemburgo, Letonia y Estonia, remitió una carta a la Comisión Europea en la que reclama una reforma limitada del mercado eléctrico que mantenga los beneficios reportados por el sistema en la última década.  Es decir, una reforma «limitada» frente a la reforma «estructural» que propugna el ejecutivo de Sánchez.

Entre las numerosas críticas de europarlamentarios, se han escuchado con firmeza las realizadas por el ponente alternativo de los verdes alemanes, Michael Bloss, que considera que las 186 enmiendas presentadas por González Casares favorecen a «los asesinos del clima».

También la portuguesa María Graça Carvalho, ponente Alternativa, ha mostrado su total desacuerdo con la idea de poner un tope a escala europea de los ingresos de mercado de las tecnologías inframarginales. Ya que, asegura, pretende «introducir un techo a los ingresos obtenidos por los productores de energía eléctrica que recurren a tecnologías inframarginales, cuya producción resulta de fuentes renovables, como la eólica, solar e hidráulica».

Además de las críticas políticas, la propuesta española que defiende la ministra Teresa Ribera se ha encontrado con la oposición de especialistas como las consultoras E&Y y PwC también han avisado de un oscuro panorama si la reforma impulsada por Teresa Ribera llega a buen puerto. Para PwC, «podría eliminar la libre competencia e ir en contra de las reglas básicas de mercado». Para la consultora, el mix de generación futuro no resultaría de la competencia entre agentes por invertir en tecnologías innovadoras y eficientes en costes, sino de las decisiones del Estado, lo cual podría derivar en sobre capacidad de generación, con el consiguiente sobrecoste para los consumidores, o en déficit de inversión, lo que pondría en riesgo la seguridad de suministro.

Por su parte, E&Y avisa sobre la necesidad de evitar la segmentación de precios entre los estados miembros y considera imprescindible tener en cuenta el papel clave que juegan las redes a la hora de abordar una mayor descentralización (vehículos eléctricos, autoconsumo), mayor digitalización y más descarbonización.

En la Unión de la Industria Eléctrica, Eurelectric, solo ven desventajas al cambio del modelo marginalista actual presentado por el Gobierno español: aumentaría los costes y los precios al eliminar el mercado y la competencia, implica un grave riesgo de fragmentación del mercado interior, riesgo regulatorio para nuevas inversiones.

La Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER) aporta un sólido argumento para desdeñar la reforma que quiere España. «En la última década, el comercio transfronterizo y los esfuerzos de integración de mercado liberalizado han reportado beneficios a los consumidores de unos 34.000 millones de euros al año».

Anti-intervencionismo sectorial

Por si hubiera dudas de por dónde quiere el sector eléctrico de la Unión Europea (UE) que vayan las cosas, todas las patronales eléctricas de Europa lanzaron un comunicado el viernes en el que instan a los estados miembros de la UE a eliminar las medidas intervencionistas. Pedro Sánchez deberá hacer frente a la petición de que los Estados miembros «no prolonguen las medidas de emergencia de la UE sobre las intervenciones en el mercado eléctrico, en particular, los límites de ingresos inframarginales, adoptadas en medio de la crisis energética el año pasado».

La petición va firmada por los representantes del 100% de los operadores eléctricos europeos representados por Eurelectric, Solar Power Europe, Wind Europeo y la European Federation of Energy Traders (EFET).

La industria eléctrica de la UE considera que las medidas de política estructural previstas en el proyecto de reforma del diseño del mercado eléctrico, pueden facilitar la adopción de acuerdos de compra de energía, introducir contratos por diferencia bilaterales voluntarios, diversificar los contratos de consumo, precios minoristas regulados excepcionales y temporales en caso de crisis de precios de la electricidad. Y, por tanto, «ayudará a proteger a los consumidores contra la posible volatilidad futura de los precios a corto plazo».

Para las empresas eléctricas europeas, las intervenciones nacionales en el mercado mayorista en forma de topes de ingresos «han resultado tóxicas para las nuevas inversiones en estas tecnologías». Eso se tradujo en una reducción del 21 % en el número de contratos de suministro firmados a largo plazo (conocidos como PPA) durante 2022 y a solo 17.000 millones de euros invertidos en nueva energía eólica, el nivel más bajo desde 2009.

Frente a las medidas incluidas en la reforma Ribera , los topes de ingresos inframarginales, según las patronales, «son un claro fracaso político con un grave impacto en la certidumbre de los inversores y altos riesgos para el funcionamiento del mercado eléctrico y la transición energética europea. Esta fue también la conclusión de la evaluación de la Comisión Europea sobre su solicitud, que recomendó su suspensión», recuerdan.